La antigua Oficina del Inmigrante se habilitará como vivienda municipal
La Oficina de Información al Inmigrante, en su antigua sede de Eleuterio Quintanilla. La Oficina de Información al Inmigrante, en su antigua sede de Eleuterio Quintanilla. / E. C.
  • Emvisl aprueba las bases del programa especial de ayudas al alquiler a quienes hayan agotado el plazo máximo de la prestación ordinaria

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisl) acordó ayer reformar la antigua sede de la Oficina de Información al Inmigrante y darle un uso habitacional. El local, uno de los tres bajos que Emvisl tiene en propiedad en la manzana de antiguas casas de maestros de Eleuterio Quintanilla, en El Llano, se convertirá así en una vivienda más del parque municipal.

La Fundación Municipal de Servicios Sociales ocupó este espacio en régimen de alquiler hasta abril del pasado año, fecha en la que trasladó la oficina de atención a los inmigrantes a la biblioteca de El Natahoyo, en la calle de La Estrella. Aunque Emvisl tenía sobre la mesa una petición de la Asociación Cultural y Deportiva de Ecuatorianos Residentes en Gijón Abdon Calderón para poder celebrar sus reuniones en ese local, finalmente el consejo de administración optó por su reforma y transformación en vivienda. La empresa municipal utiliza varios pisos de la misma manzana para su programa de viviendas compartidas para jóvenes.

En la reunión de ayer también se dio el visto bueno a las bases del programa excepcional de ayudas al alquiler, incluido en el denominado plan municipal de choque. Esta línea, dotada con un millón de euros, se dirige a beneficiarios de las ayudas al alquiler que, tras haber agotado el plazo máximo de percepción de estas subvenciones, sigan en una situación económica precaria. Entre otros requisitos, los solicitantes no podrán tener ingresos que superen en dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

 

Serán colectivos prioritarios en el acceso a este programa las familias que tengan a su cargo hijos -hasta 25 años- o personas con discapacidad superior al 65%, también los solicitantes con ese porcentaje de discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género que hayan contado en el último año con medidas de protección, las familias en riesgo de exclusión social y los mayores de 65 años o pensionistas «en situación de vulnerabilidad económica». La ayuda se concederá por semestres, hasta agotar el fondo de un millón de euros con el que está dotado el programa. Se establecerá además un plan personalizado a través del cual los beneficiarios deberán justificar que realizan cursos de formación o una búsqueda activa de empleo.

La concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, consideró que los requisitos de acceso a estas subvenciones «no cumplen con los objetivos» con los que se había realizado la propuesta de su puesta en marcha. Aseguró que las bases «dejan fuera a unidades unifamiliares, gente joven o familias con hijos mayores de 25 años» y advirtió una «criminalización de la pobreza, dando por hecho que las personas no buscan empleo».

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